En el segundo pilar de la PAC tendrán más peso presupuestario las medidas a favor del medio ambiente y clima, que serán obligatorias; las actuaciones en zonas con dificultades o desventajas naturales para compensar costes adicionales y la pérdida de renta; las inversiones; la instalación de jóvenes; la gestión de riesgos; la cooperación y el intercambio de conocimientos e información.
Cada país deberá incluir dentro de su Plan Estrategia un programa específico para atraer y apoyar a los jóvenes al sector agrario y al medio rural. La ayuda para incorporar jóvenes a la actividad agraria y para actividades no agrarias en áreas rurales para diversificar rentas podrá concederse en forma de un pago único máximo de 100.000 euros, que podrá combinarse con otros apoyos a través de los instrumentos financieros. Podrán utilizarse también fondos de desarrollo rural para mejorar el acceso de los jóvenes a las tierras y a la formación.
En materia de gestión de riesgos (seguros, fondos mutuales) podrán concederse también ayudas. El porcentaje de pérdidas por siniestralidad, que permitirá activar los instrumentos de apoyo será del 20% y las indemnizaciones podrán llegar hasta un máximo del 70% de esas pérdidas. Serán los Estados miembros los que decidan qué mecanismos poner en marcha y cómo se calcularán las pérdidas e indemnizaciones, así como en su caso las reglas de constitución y gestión de los fondos mutuales. En España, se espera poder mantener el actual sistema de seguros agrarios, que iría incorporando posibles mejoras.
Como ahora, al menos un 5% de la aportación de fondos comunitarios a desarrollo rural, a través del FEADER, tendrán que ir al programa Leader y al menos el 30% de esos fondos deberán destinarse a cumplir con los objetivos de medio ambiente y clima, pero esta vez sin contar con las medidas a favor de zonas con dificultades naturales, que sí sumaban para cumplir con ese porcentaje, lo que hará más exigente esa demanda.
Un aspecto “trampa” muy criticado de la propuesta comunitaria, es que los porcentajes de cofinanciación del FEADER a las medidas de desarrollo rural se reducen en 10 puntos. Esto supone menos dinero y que si se quiere mantener el actual apoyo, los Estados miembros y las CC.AA. deberán cubrir esa menor aportación de Bruselas o trasvasar fondos del primer pilar al segundo. La cofinanciación de la UE sería del 70% en las zonas ultraperiféricas; del 65% en las zonas con dificultades naturales y del 43% para el resto. Algunas inversiones agroambientales podrían elevar ese porcentaje hasta el 80%, mientras que los importes que se transfieran del primer al segundo pilar no requerirán de cofinanciación nacional.
Esa transferencia de fondos entre pilares de la PAC, con la que Bruselas intenta ocultar el tijeretazo de apoyo al desarrollo rural, se podría aplicar a partir del 1 de agosto y sería de hasta el 15% del sobre nacional destinado a pagos directos del periodo 2021-2026 o viceversa, Podría llegar incluso hasta el 30% si de lo que se trata es de financiar con el 15% adicional medidas para el medio ambiente y clima. Lo que decida cada Estado podrá volver a revisarse a partir del 1 de agosto de 2023.
La propuesta de reforma comunitaria mantiene, sin apenas cambios, los programas de apoyo para los sectores de frutas y hortalizas y vino, de aplicación obligatoria para los Estados, aunque dando más peso al gasto en las acciones cofinanciadas al cumplimiento de los objetivos medioambientales. Para el aceite de oliva y la aceituna de mesa y la apicultura serán voluntarios. España no lo aplica para el sector oleícola, al traspasarse en su día el presupuesto a pagos desacoplados, aunque sí en el apícola, cuyo plan de acción con medidas ya vigentes, con una cofinanciación comunitaria del 50%, deberá incluirse en el Plan Estratégico nacional.
Además de los reglamentos de la PAC para cada uno de los dos pilares, la CE presentó también los proyectos de reglamento sobre la Organización Común de Mercados Agrarios (OCMA) y el denominado reglamento horizontal.
El primero, de gran importancia para la regulación de la oferta productiva de nuestro país, plantea la puesta en marcha de programas operativos para todos los sectores agrarios, además de los que ya lo tienen (vino, hortofrutícola, algodón, aceite de oliva), aunque salvo en el caso de las frutas y hortalizas, con escasa o nula implantación.
Serán los Estados miembros los que elijan los sectores en los que poner en marcha estos programas, que incluirían la planificación, ordenación y concentración de la oferta productiva, medidas de I+D+i, promoción, adaptación y lucha contra cambio climático, mejora del valor añadido y de la calidad, la gestión de riesgos y la prevención de crisis.
El reglamento horizontal incluiría, como el actual, las modalidades para regular la financiación y el control de los pagos, así como el régimen sancionador aplicado a este sistema. Incluye la insistencia de la CE para que se utilice de forma voluntaria el recurso a los datos gratuitos de los satélites Copernicus/Sentinel para la supervisión y monitorización de las superficies agrarias susceptibles de apoyo de la PAC.
Este reglamento contempla también todo lo relativo a la reserva de crisis, con la que se pretende ayudar a los agricultores y ganaderos en caso de crisis grave en algún sector. Aquí sí hay cambio, puesto que tal reserva se constituirá con un importe de 400 millones de euros en 2020, pero si no se gasta, como ha sucedido hasta ahora en casi todos los ejercicios, ese importe se pasará de un año a otro, sin tener que aplicar la “disciplina financiera” actual, que era un engorro burocrático (pequeño recorte de pagos PAC para nutrir la reserva y devolución posterior a los agricultores en caso de que no se gastasen los fondos).
La CE incluye otros elementos colaterales que podrían incidir en el sector agrario, pero que no se incluyen en la regulación de la PAC, quizás para tratar de “aliviar” la disminución de los fondos comunitarios a esta política común. Entre ellos, un presupuesto de 10.000 millones de euros, procedentes del programa de investigación “Horizonte Europa” (sustituto del actual Horizonte 2020), reservado para proyectos de investigación e innovación en la alimentación, la agricultura, el desarrollo rural y la bioeconomía.
En segundo lugar, el fomento del uso por los Estados de los macrodatos y de las nuevas tecnologías con fines de control y seguimiento (por ejemplo, la verificación mediante datos por satélite de las dimensiones de las explotaciones a efectos de las solicitudes de pago directo), reduciéndose así la necesidad de efectuar controles sobre el terreno.
Y, en tercer lugar, la aceleración del proceso de digitalización de la vida rural, por ejemplo mediante la expansión del acceso a la “banda ancha” en las regiones rurales, que contribuirá en mayor medida a mejorar la competitividad de la producción agrícola europea.
No es nuevo que la Comisión Europea tiene prisa por que se alcance un acuerdo sobre el presupuesto en general y sobre la financiación y orientación de la futura PAC en particular lo más pronto posible, porque el tiempo y el calendario se le echan encima.
Para la CE, unos retrasos similares a los sufridos al inicio del actual periodo presupuestario 2014-2020 “podrían implicar que los agricultores y las Administraciones nacionales no se beneficiaran de la reducción de la burocracia, de la mayor flexibilidad y de los resultados más eficaces que traerá consigo la nueva PAC. Un eventual retraso en la aprobación podría retrasar también el comienzo de miles de posibles proyectos nuevos en toda la UE destinados a apoyar a los agricultores y comunidades rurales en relación con cuestiones que van desde el refuerzo de la protección ambiental, hasta la atracción de nuevos agricultores”.
Para este acuerdo queda menos de un año y debería lograrse antes del mes de abril de 2019, fecha del último pleno del actual Parlamento Europeo, para que pudiera entrar en vigor en el plazo previsto. Si no, habrá que esperar a los resultados de las elecciones europeas de mayo y ver qué sale de ahí. Toda una incógnita y es previsible que con una UE muchas más fraccionada políticamente y con más grupos que los dos grandes que dominan el arco europarlamentario hoy, lo que hará más complejo la adaptación de cualquier acuerdo.
El primer debate formal sobre esta propuesta comunitaria de reforma de la PAC se producirá en el Consejo de Ministros de Agricultura de mediados de este mes de junio, y que sería el primero del nuevo ministro/a español. Esto podría ser también un inconveniente más, salvo que el nuevo cargo esté ya ducho en las complejidades que implica la PAC por sí misma.
Después de que se logre un acuerdo sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 y sobre la nueva PAC, vendría la negociación interna nacional entre el Ministerio de Agricultura y las Comunidades Autónomas, que duraría también lo suyo y que sería igual de difícil y compleja, o más incluso, que la que a partir de ahora llevarán a cabo la Comisión Europea, el Consejo (Estados miembros) y el Parlamento Europeo.
Fuente: www.euroganaderia.eu
