Los ministros de Agricultura de la UE esperan cerrar los últimos flecos de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) para su aplicación a partir de 2023. Pese a que debería haber entrado en vigor en 2021, desde la presentación de las primeras propuesta se ha retrasado dos años por la falta de un Presupuesto comunitario, que finalmente se acordó en julio. España mantendrá algo más de 47.000 millones de euros, una cantidad muy similar a la que percibía hasta ahora.
La ministra alemana de Agricultura, Julia Klöckner, al frente de las negociaciones al ostentar su país la presidencia semestral de la UE, abrió con optimismo las discusiones de los 27 ministros reunidos en Luxemburgo. “Espero que podamos zanjarlo; el terreno está bien abonado”, dijo.
Con Europa ya metida de lleno en la segunda ola de la pandemia, Klöckner destacó que la reunión hubiera podido hacerse presencial. “No sabemos si podremos volver reunirnos. Estamos obligados al éxito. Tenemos que llegar a un acuerdo”, avisó.
Salvo desastre, todo apunta que las negociaciones podrían concluir este mismo martes. El ministro español, Luis Planas, dijo que ha llegado el momento de “conseguir la mejor PAC posible”. Y pidió rematar las conversaciones: “Faltan dos años para que entre en vigor la nueva PAC y los agricultores y ganaderos necesitan certidumbre. Este es el momento de la verdad, el de llegar a un acuerdo”, dijo Planas, que se mostró satisfecho con la propuesta alemana.
Tras dos años de negociaciones, en los debates para la nueva reforma de la PAC solo faltan por cerrar algunos flecos, fundamentalmente sobre la política verde. Los ministros deberán decidir el montante de los fondos destinados a los ecoesquemas (los planes en compromisos medioambientales que pueden elaborar los productores, más allá de las exigencias por los que percibirían unas ayudas directas superiores). Agricultura defendía que los pagos para los ecoesquemas se situaran entre el 13% y el 20% de los recursos. Ahora, la posición mayoritaria es que lleguen al 20%, frente a una minoría de países, y las organizaciones ecologistas, que quieren llegar al 30%.
Los fondos destinados a ecoesquemas computan en los gastos en la política verde, que deben situarse en un mínimo del 40%. España defiende que los ecoesquemas sean obligatorios para todos los países. España también defiende que las superficies de interés ecológico destinadas a fines no productivos se mantengan en el 5% de la superficie agraria útil
Los ministros deberán cerrar la limitación de los pagos por beneficiario, que se sitúa en 100.000 euros tras deducir los gastos en el empleo que haya generado la explotación. A partir de los 60.000 de aplicará un sistema de regresividad en las ayudas. Cada país usará los fondos redistribuyéndolos entre otras explotaciones.
La nueva reforma busca que los pagos logren los resultados para los que fueron concedidos. La novedad más importante es la exigencia de que cada país elabore un plan estratégico que contemple todas las medidas para aplicar la próxima reforma. En el caso de España, está previsto que el plan esté cerrado en una primera lectura en los primeros meses del próximo año para que pueda estar en Bruselas en 2022.
La reforma contempla la necesidad de que los pagos directos vayan sobre todo a “los agricultores genuinos”. En las negociaciones para elaborar ese plan con las comunidades autónomas, Agricultura señala como “genuinos” a los agricultores que de al menos entre el 20% y el 30% de sus ingresos totales procedan de la actividad agraria. Además, también contempla como genuinos a los más de 300.000 pequeños agricultores, importantes en algunos tipos de agricultura y en diferentes territorios. Se crea asimismo la figura del “agricultor gran genuino”: el que, de sus ingresos totales, los procedentes de la actividad agraria suponen el 50%.
Los pequeños agricultores recibirían solo la Ayuda Básica a la Renta; los genuinos, la Ayuda Básica la Renta y la posibilidad de los ecoesquemas; y los gran genuinos, fondos por los dos conceptos anteriores, más un monto de los pagos redistributivos logrados de las retenciones hechas a quienes cobren más de 60.000 euros.
