El Parlamento Europeo y los veintisiete estados miembros ultiman esta semana los detalles de sus posiciones de cara a la negociación de la reforma de la Política Agrícola Común
Fuente: https://www.elmundo.es/
El Parlamento Europeo y los veintisiete estados miembros ultiman esta semana los detalles de sus posiciones de cara a la negociación de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), uno de los hitos de la integración europea, en la que España se juega la distribución de 41,925 millones euros, algo más de 34,000 en pagos directos.
El pasado mes de julio, los líderes de la Unión Europea lograron tras cinco días encerrados en el Edificio Europa en el corazón del barrio europeo de Bruselas un acuerdo para un fondo de recuperación y un presupuesto plurianual de casi dos billones de euros. De ese paquete, 344 millones de euros, casi un tercio del presupuesto, irá destinado a apoyar el sector agrícola; 7,5 mil millones del fondo de recuperación, al desarrollo rural.
La PAC, desde su introducción en 1962, se ha convertido en uno de los baluartes de la integración y al mismo tiempo, en una de sus herramientas más cuestionadas. Cada reforma de la política agrícola, no sin escollos, ha intentado adaptarla a las nuevas condiciones económicas, del mercado e incluso de la propia Unión que ha ido creciendo con las distintas ampliaciones a lo largo de su historia. Esta vez, el gran reto es hacer la PAC más sostenible, en línea con los grandes objetivos climáticos de la UE y el gran Pacto Verde que los sustenta.
La UE se ha puesto como objetivo lograr la neutralidad climática, absorber tantas emisiones de CO2 como produce, de aquí a 2050 y la agricultura representa un porcentaje importante. Por eso, países como Dinamarca, Finlandia o Países Bajos quieren una PAC más moderna e innovadora. Otros como España o Francia, entre los grandes beneficiarios, lamentan los recortes de las ayudas respecto al presupuesto anterior y piden flexibilidad en los objetivos climáticos.
«Tenemos que trabajar conjuntamente para lograr un acuerdo político en relación con el contenido de la reforma, en particular por el equilibrio entre el apoyo a la renta y los ‘ecoesquemas‘, que deben ser obligatorios para Estados miembros y voluntarios para los agricultores y ganaderos», aseguró el ministro de Agricultura español, Luis Planas, a su llegada a la reunión con sus homólogos europeos en Luxemburgo.
El debate sobre la mesa va desde cómo distribuir los fondos entre pagos directos a agricultures y ganaderos y apoyo al desarrollo de las zonas rurales, cómo garantizar las ayudas finacieras a grandes latifundistas pero también a pequeñas y medianas empresas o cómo de exigentes deben de ser los criterios de sostenibilidad que se apliquen en el acceso a los fondos, hasta si una pedazo de soja sazonado puede legalmente llamarse filete o una bebida de almendra, leche. El debate está en los detalles y todas estas cuestiones son en mayor o menor medida controvertidas para distintos estados miembros.
También en la Eurocámara, la PAC es una cuestión polémica. El pasado verano las comisiones de agricultura y medio ambiente se enfrentaron a costa de la política agrícola y esta semana, los eurodiputados votarán varios centenares de enmiendas que deberán dar forma a su posición de cara a la negociación con los 27. Sin embargo, los principales partidos de la cámara, el Partido Popular Europeo, los Socialistas y Demócratas y los liberales de Renew Europe, habrían llegado a un acuerdo para defender una posición conjunta. Y tienen los números para cerrarla. Un acuerdo que el partido ecologista de los Verdes en la Eurocámara tacha de «incompatible» con el Pacto Verde.
Que los 27 consigan cerrar sobre su posición esta semana no está garantizado, al cierre de esta edición los ministros seguían aún reunidos, aunque es deseable, y el Parlamento presiona para comenzar las negociaciones antes de final de año. Sin embargo, ni siquiera el presupuesto plurianual está aún cerrado tras varias semanas de desencuentros entre los propios eurodiputados y la presidencia alemana del Consejo, que representa a los estados miembros en las negociaciones.
Aunque el nuevo presupuesto estará en vigor en principio en enero de 2021, para garantizar claridad en las normas para los ganaderos y agricultores, la Comisión Europea prevé un sistema de transición que podría durar hasta dos años, cuando la nueva política agrícola de la Unión debería estar ya en marcha.
